Editorial

¿Qué significa en Europa el Derecho a una Educación de Calidad para Todos?

Por Ricardo Angulo Olozaga, Coordinador de los colegios de la Compañía de Jesús en la Zona Norte de la Provincia de España, Miembro del Steering Committee de JECSE que además participa en el Core Group del GIAN por el Derecho a la Educación para Todos.

En el año 2015 se ha determinado la nueva agenda de desarrollo mediante los nuevos Objetivos de Desarrollo sostenible basados en diecisiete grandes Objetivos.

El Objetivo 4 pretende “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. En este sentido, la existencia de leyes educativas ayuda, pero no garantiza el objetivo, sobre el que, a diferencia de la anterior agenda, se espera que todos los Estados, independientemente de su posición económica, IDH o situación en el mapa geográfico se comprometan a cumplir.

Y en todo esto ¿Cuál es la situación en Europa? Una Europa desarrollada y en la que podríamos pensar que este derecho está más que garantizado; pero tal y como nos indican los datos, sigue habiendo lagunas en la garantía del mismo. Si bien es cierto que en lo referente a la educación infantil y primaria el nivel de escolarización de calidad es prácticamente del 100%, no ocurre así con la educación secundaria CINE 2 y 3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación – ISCED en inglés) que corresponden a los niveles de educación secundaria básica (hasta los 15 años) y superior (de 15 a 18 años).

Especialmente si atendemos a la siguiente meta de los ODS: Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, hay mejora posible.

Una de las realidades que constatamos en Europa es la una gran diversidad de situaciones entre los países, especialmente en lo referente a la educación secundaria.

De forma general hay un 24% de europeos que tienen como mucho un nivel de educación secundaria básica. Entre los jóvenes de 20 a 24 años el 82% tiene finalizada la educación secundaria.

Un dato que refleja la diversidad es la desigual distribución del 11% de jóvenes de 18 a 24 años, que no están actualmente estudiando y tienen únicamente educación secundaria básica. Así en Croacia suponen el 2,5%, mientras que en España suponen un 22,5%.

Este colectivo está presente en todas las realidades, aunque de forma muy desigual. No es lo mismo Grecia, Italia, España o Irlanda, que Eslovenia o los países bálticos.

Este grupo de jóvenes se abren a un escenario de exclusión social. En algunos casos provienen de entornos especialmente afectados por el impacto de la crisis, pero también por las heredadas condiciones estructurales previas a la misma. Son jóvenes que se han emancipado recientemente y jóvenes que residen en hogares en situación de exclusión. Pero sobre todo el colectivo joven que concentra el mayor nivel de vulnerabilidad es precisamente el que conjuga la desvinculación del espacio formativo y la exclusión del espacio laboral, es decir, jóvenes sin ocupación y fuera del sistema educativo. En algunos lugares se les ha conceptualizado como “ni-ni” (ni estudia, ni trabaja). Aunque en sí mismo el término no presupone ninguna (des)motivación específica para los y las jóvenes, debe advertirse su potencial estigmatizador y culpabilizador para con quienes no son sino una de las principales víctimas de la crisis de empleo.

Y es a estas situaciones a las que tenemos que dar respuesta, como lo están haciendo algunas de las instituciones, entre ellas también instituciones de la Compañía, que tratan de ofrecer una formación secundaria y una capacitación profesional de calidad a jóvenes que están alejados, tanto del sistema educativo formal, como del sistema laboral. Las Écoles de Production de AFEP en Francia o el Centro Nazaret en Alicante son ejemplos de esta respuesta .

Nuestra incidencia ha de ir en el sentido de apoyar y promover iniciativas que pretendan dar a todos, sin exclusión, una formación secundaria de calidad que les permita integrarse socialmente en las mismas condiciones que otros jóvenes.

El reto del derecho a la educación: todos somos corresponsables

Por Lucía Rodríguez, coordinadora del equipo de la Red GIAN por el Derecho a la Educación de Calidad.

Hace apenas unas semanas se reunieron los jefes de estado de todos los países del mundo en la Asamblea de las Naciones Unidas y aprobaron la nueva Agenda Desarrollo Sostenible. Se han acordado 17 grandes objetivos mundiales para afrontar grandes retos universales como la pobreza extrema, la creciente desigualdad de oportunidades o el cambio climático. Se trata de un acuerdo universal para los próximos 15 años,  que compromete a todos los Estados a tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la sostenibilidad del planeta.

De acuerdo a este gran “contrato” internacional, antes de que finalice el año 2030, todas las personas del planeta sin excepción,  disfrutaremos de una educación de calidad y de la posibilidad de aprender a lo largo de toda nuestra vida.

La educación de todas las personas a lo largo de la vida es un Derecho Humano Fundamental reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Y no es un derecho cualquiera, ya que sin él es prácticamente imposible acceder al resto de los derechos humanos y disfrutar de las libertades fundamentales.  Y sin embargo, la realidad nos muestra que es un derecho que se viola de manera sistemática en todo el mundo.

Resulta muy difícil de aceptar que en pleno siglo XXI tengamos que denunciar hay casi 800 millones de jóvenes mayores de 15 años y adultos que no saben leer ni escribir mientras que otra parte de la ciudadanía mundial puede acceder a  la mayor biblioteca del mundo gracias a una conexión a internet y mediante un solo click,.

¿Cómo podemos consentir que el número de menores fuera de la escuela esté aumentando? Actualmente, 124 millones de niños, niñas y adolescentes están sin escolarizar. Son dos millones más que en 2011.

Y esto tiene consecuencias dramáticas porque, negando su derecho a la educación a millones de personas les estamos condenado a mantenerse en la pobreza y la marginación o a recurrir a la violencia para resolver los conflictos.  Además, se limitan sus posibilidades de encontrar un trabajo satisfactorio.  En definitiva, cada niño, cada adolescente que no tiene la oportunidad de ir a la escuela no puede desarrollarse plenamente como persona.

Casi 50.000 personas, jesuitas y no jesuitas de todo el mundo trabajamos día a día para que  el derecho a la educación  sea una realidad en todas las personas y sociedades sin discriminación de ningún tipo debido a raza, clase social,  lengua, cultura, religión o sexo. Aspiramos a una educación que forme personas comprometidas con la transformación de su comunidad, de su país y del mundo con creatividad, capacidad y valores.

¿Cómo lo hacemos?  En primer lugar con la atención directa de más de 3 millones de niños, jóvenes y adultos en 112 países. Bastante más de la mitad de esos 3 millones pertenecen a los colectivos más vulnerables, a los más empobrecidos, a los que les ha tocado vivir en los márgenes de la sociedad.  Pero nosotros, no nos contentamos con proclamar el derecho y proveer el servicio educativo. La educación es un bien público que genera obligaciones en el Estado, en la sociedad civil, en el sector empresarial, en todas las personas, en cada uno de nosotros.

Pensar en la educación como un bien público es pensar que la educación nos conviene a todos y beneficia a toda la sociedad. La educación es un asunto que compete a toda la sociedad.  En primer lugar a los Estados, que deben proveer financiamiento, impulsar cambios legislativos y garantizar la justa distribución de los recursos, pero también nos compete a empresarios, Iglesias, NGO, sindicatos,… todos somos corresponsables.

Un mundo sin analfabetismo y bien educado no será posible si no  provocamos cambios políticos y culturales. Por eso, la Compañía de Jesús quiere ir más allá. Trabajamos por una educación pública de calidad para todas las personas, no sólo de aquellas minorías que atendemos en nuestras obras.  Queremos cumplir con nuestra responsabilidad y participar activamente en los procesos de definición, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas educativas nacionales y globales. Creemos que es necesario concienciar a la sociedad  y a los decisores políticos y económicos sobre la situación real de la educación,  sobre los cambios que son necesarios y urgentes y los pasos que hay que dar.

La educación de calidad es un derecho para todos, no sólo para unos pocos y no podemos actuar como si no lo supiéramos.  Es una cuestión de justicia, de dignidad.  Proclamarlo, defenderlo, contribuir  a que sea una realidad desde lo que somos, desde donde estamos cada uno de nosotros,  es un ejercicio de ciudadanía, es comprometerse con el futuro de los más pequeños y de los jóvenes, es abrir oportunidades y ofrecer esperanza para todos.

La educación de las niñas en la India

Por Trevor Miranda SJ, capellán del Lugar Sagrado del Niño Jesús y miembro del GIAN sobre el Derecho a la Educación.

En India las niñas también se han tratado diferentemente de los niños. Los niños siempre han sido el hijo preferido. La privación de la niña comienza del nacimiento y sigue cuidadoso su vida. El feticidio femenino o ‘el asesinato en la matriz’ todavía siguen. Esto ha causado el índice de masculinidad que disminuya. En el estado de Haryana en el Norte de India son 879 mujeres a 1000 varones. Las muchachas siempre se tratan como segundos ciudadanos de la clase. Se privan de muchos privilegios de los cuales sus hermanos pueden disfrutar y dar por supuesto. Por ejemplo, cuando viene a la educación, son los niños en la familia quien enviarían a la escuela y se requeriría que las muchachas cuiden de los hermanos, cuiden del ganado y hagan el trabajo doméstico. Enviaban rara vez a las niñas a la escuela. Y si les envían a la escuela, irían sólo el nivel primario y luego salieron para el trabajo doméstico y la siguiente cosa es el matrimonio temprano. Antes de que hoy esta tendencia siga en las zonas rurales. Es un truismo que cuando una muchacha se educa toda la familia se educa. El gobierno también ha subido con una campaña llamada, ‘Salve el hijo de la niña, enseñe al hijo de la niña’. Es verdad que la educación del hijo de la muchacha ha venido un largo camino ya que India se independizó en 1947. Entonces el precio del alfabetismo femenino nacional era mero el 8. 9 por ciento.

La proporción de la inscripción gruesa para niñas era el 24. 8 por ciento al nivel primario y el 4. 6 por ciento insignificante al nivel primario superior. Según 2011 censo decenal, hay amplia disparidad sexual en el precio del alfabetismo en India: los precios del alfabetismo eficaces (edad 7 y encima) en 2011 eran el 82. 14 por ciento para varones y el 65. 46 por ciento para mujeres. Esto significa que el 35 por ciento de mujeres en India todavía es analfabeto a pesar de 68 años de la Independencia. Son muchachas y grupos marginados tal como el muy pobre y los minusválidos, que a menudo se dejan. Mientras las muchachas asisten a la escuela primaria en aproximadamente números iguales a muchachos, el hueco se ensancha ya que se hacen más viejos y más se obliga a abandonar para ayudar con el trabajo en casa o casarse. De los niños extraescolares en 2008, el 62% era muchachas; arreglan dos terceras partes de 15-analfabetos a los de 24 años. Y las dos terceras partes de ese no en la escuela eran de los más bajos en el sistema de castas, grupos tribales y comunidades musulmanas, a pesar de aquellos grupos históricamente oprimidos que arreglan a sólo el 43% de los niños de India.

Students begin their classes with oral recitation at Savad Z.P. School in Bhiwandi, Maharashtra, India.

Tenemos otra categoría de hijos de obreros de la construcción. Los millones de personas se emplean en el sector de construcción y hay miles de niños nacidos en obras de la construcción y por lo tanto no tienen partidas de nacimiento y por lo tanto no en los archivos del gobierno. Envían rara vez a estos niños a la escuela ya que los padres emigran de un lugar a otro en busca del trabajo. Una abrumadora mayoría de estos niños no consigue la educación apropiada. Terminarán como criadas, trabajadores del niño y propios obreros de la construcción. Entre ellos, las víctimas peores son las muchachas. Tenemos ahora el Derecho a la Educación (2009), la mayor parte de estos niños serían inconscientes que tal derecho a la educación obligatoria existe. Sólo un pequeño porcentaje escuela secundaria completa y hasta un número más pequeño se matriculan para la educación universitaria. El gobierno ha estado haciendo todo lo posible traer a niñas dentro de la educación dominante. El sector privado ha tenido en gran parte éxito. En esto, las escuelas de los misionero cristianas han desempeñado un papel significativo. De hecho, la mayor parte de fieles han hecho la educación del hijo de la niña su prioridad. En el programa COSECHAR (Mumbai) por ejemplo las niñas ahora superan en número a los niños en las clases.

Un enfoque distinto se ha comenzado en uno de los pueblos remotos para animar a niñas tribales a completar la escuela secundaria. La mayor parte de jesuita y religioso, sobre todo los fieles de la hermana dirigen el enfoque para desvalido y tribal (pueblos indígenas) niños. Esto ha generado un gran aumento a la educación de las niñas. En primer lugar, les ayuda a perseguir su educación con factores económicos que en casa los afectan y el más importantemente están en un ambiente seguro. Además en el enfoque les dan un en todas partes cepillar y a veces hacen mejor que los muchachos en estudios y progreso total. Gracias a este programa, niñas excluías de barrios bajos, pueblos y ahora estudiar y puede soñar con un mejor futuro. Esperamos que podamos hacer este lema, ‘Salve el Hijo de la Niña, Enseñe al Hijo de la Niña’ una realidad y asegure que se traten como igual con dignidad y amor propio.

La nueva agenda de desarrollo internacional: derechos y obligaciones para todos

Por Lucía Rodríguez, Federación Internacional Fe y Alegría y líder de la Red GIAN por el Derecho a Educación.

Los nuevos compromisos de desarrollo internacional para construir el futuro del planeta de aquí a 2030 han sido finalmente aprobados por nada menos que 193 jefes de Estado mediante los denominados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta nueva agenda pretende superar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y compromete por primera vez a todos los Estados sin tener en cuenta su nivel de desarrollo; ya no es una relación Norte- Sur y no hablamos de unas metas que los países ricos deben promover en los menos adelantados sino que se habla de retos globales que incluyen a todos, también actores privados y sociedad civil junto con los Estados, pero sobre todo cuenta con las personas, en todo el mundo y sin discriminación alguna por motivos económicos sociales o de ningún otro tipo.

De acuerdo a estos 17 grandes Objetivos, en 2030 todas las personas tendrían que llegar a tener acceso a un empleo digno y productivo, a servicios de salud de calidad, a completar la educación primaria y secundaria de forma gratuita y con calidad. Mujeres y hombres accederían a agua potable, saneamiento, medios modernos de energía, internet, espacios verdes y públicos, justicia, certificado de nacimiento, identidad legal y participación en los procesos de toma de decisiones públicas. El año 2030 vería también la erradicación total y completa de la pobreza extrema, del hambre, del trabajo infantil, de las disparidades de género de todo tipo, de las muertes prevenibles de los recién nacidos y los niños y el fin de la epidemia del SIDA, la tuberculosis y la malaria.

Esta es una agenda urgente y ambiciosa, con objetivos irrenunciables que no se alcanzarán sin un cambio drástico y significativo en las leyes y políticas nacionales e internacionales en los ámbitos de la economía, la gestión de los recursos naturales o la  gobernanza democrática que va más allá de la concienciación o las meras palabras de los dirigentes políticos. Además, los gobiernos, las empresas y los hogares debemos cambiar nuestros hábitos y comportamientos, adoptando patrones de consumo sostenibles educando de manera responsable a las futuras generaciones.

El Objetivo 4 de los 17 hace referencia directa a educación y se enuncia como “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos.” Recoge el trabajo realizado por los Estados, organismos multilaterales y la comunidad educativa que, reunidos en Corea en el Foro Mundial sobre Educación del pasado mes de mayo, acordaron una Declaración Final sobre los que deberían ser los compromisos internacionales en la agenda educativa para los próximos 15 años.

Educar a todas las personas a lo largo de toda la vida  y hacer posible que desarrollen su potencial como individuos para llevar una vida plena y productiva sin discriminación alguna por motivos de raza, religión o posición socioeconómica es la primera responsabilidad de toda sociedad además de ser un derecho humano fundamental y un catalizador del resto de Objetivos que plantea esta ambiciosa agenda. Es a los Gobiernos nacionales a quienes compete garantizar un sistema educativo justo, inclusivo y de calidad que ofrezca igualdad de oportunidades con equidad para todos.  De este modo, además de cambios en las políticas educativas globales, se hacen necesarios una serie de cambios estructurales en las leyes y resto de políticas públicas para poder garantizar el cumplimiento de este y los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que tienen que ver con la economía, la gestión de los recursos naturales o la  gobernanza democrática, entre otros aspectos.

En el ámbito económico, una de las primera prioridades debe ser evitar nuevas crisis financieras mediante el establecimiento de un robusto marco regulatorio del sistema financiero global que desincentive la especulación y posibilite la gestión equilibrada de la carga de deuda externa. Resulta imprescindible, además de un compromiso real de destinar el 0,7% del PNB de los países más adelantados a cooperación al desarrollo, una cooperación internacional que facilite el desarrollo de sistemas fiscales justos, progresivos y eficientes que permitan financiar las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de todas las personas, reducir la desigualdad y financiar un desarrollo sostenible que luche contra la evasión fiscal, el secreto fiscal o la existencia de paraísos fiscales junto con una lucha comprometida de los Estados contra la corrupción en todas sus formas. Los acuerdos comerciales deben ser justos y transparentes y se debe defender a los países productores que entran en desventaja en los mercados de comercio internacional.

Además, estas medidas políticas destinadas a luchar contra la desigualdad, la pobreza y la degradación ambiental deben ser supervisadas por instituciones democráticas  tanto en el ámbito nacional de los gobiernos como en el global de las agencias multilaterales con mecanismos efectivos de rendición de cuentas para cada uno de los Objetivos así como por la sociedad civil y una ciudadanía mundial activa y preocupada por su entorno.

Se hace imprescindible repensar y rehacer el contrato que el ser humano ha establecido con el medioambiente y su relación con él mediante sus hábitos de consumo y explotación de recursos y esto solo puede cambiar si evaluamos qué tipo de desarrollo perseguimos y por tanto que tipo de educación debemos pasar a las futuras generaciones de aquí a 2030.

La suma de los 17 Objetivos marca el itinerario que debe afrontar la comunidad internacional para abordar los grandes problemas del planeta en los próximos 15 años.  En esta agenda común, la educación juega un papel fundamental ya que actúa como eje vertebrador del resto de derechos y que puede articular la consecución real del resto de Objetivos de Desarrollo a los que esta agenda nos compromete. Así, la educación promueve la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, contribuye a la erradicación efectiva de las disparidades de género y fomenta la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos, entre otros.

En fin,  el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon acertaba declarando que “la educación es un derecho fundamental y la base del progreso de cualquier país. [… ] Los desafíos de la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y el logro de un desarrollo verdaderamente sostenible en los próximos decenios nos conminan a actuar juntos. Con colaboración, liderazgo y unas inversiones acertadas en educación podemos transformar la vida de las personas, las economías de los países y nuestro mundo en general.”

3 contradicciones de la educación en situaciones de conflicto

Esta entrada ha sido escrita por Valeria Méndez de Vigo, (@vmendezdevigo) responsable del departamento de Estudios e Incidencia de Entreculturas.

«La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de acciones para el mantenimiento de la paz»                                                                               art. 26.2, Declaración de Derechos Humanos.

Este editorial trata sobre las tres paradojas que, a mi juicio, afronta la educación en situación de conflicto. La primera paradoja es que, a pesar del reconocimiento de que la educación es un derecho fundamental para la consecución de la justicia social y la paz, tal y como bellamente expresa la Declaración de los Derechos humanos, cada vez hay más ataques, más violencia, más virulencia, contra instituciones educativas, contra estudiantes y contra docentes. En febrero de este año, fueron secuestrados 89 niños de una escuela en Sudán del Sur y, a fines del año pasado, fueron asesinadas más de 200 estudiantes y docentes en una escuela de Peshawar, Pakistán. Se cumple ahora también un año del secuestro de 200 niñas y jóvenes de una escuela en Nigeria por parte de Boko Haram, sin que apenas hayamos vuelto a tener noticia de ellas. También en Siria, Gaza, Afganistán, o Irak, por mencionar sólo algunos ejemplos, la violencia contra la educación se produce de manera casi cotidiana. De hecho, el sábado murieron nueve personas- cinco de ellas niños y niñas- por un bombardeo en Alepo, sin que apenas haya salido en los medios de comunicación.
De hecho, tal y como denuncia la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, en los últimos años, se han producido más de 10.000 ataques contra la educación. Son deliberados, contra blancos fáciles. Y, entre otras razones, muchos de estos ataques están motivados por el papel de la educación como catalizadora de transformaciones sociales. Por eso, además de ataques contra instituciones o personas concretas, también lo son contra el derecho a la educación, la libertad, la estabilidad, la igualdad o la democracia o contra cualquier atisbo de transformación individual o colectiva. Luego quizás, más que una paradoja, los ataques a la educación sean una consecuencia de su potencial transformador a nivel individual y colectivo.
Además, tal y como señala UNESCO, en su informe de Seguimiento de la Educación para Todos (EPT), más de un tercio (el 36%) de los niños, niñas y jóvenes sin escolarizar vive en países afectados por conflicto. Es evidente que los conflictos armados y la violencia contra estudiantes y docentes tienen impactos devastadores a corto y largo plazo.
A corto plazo, porque, además del terrible coste en vidas humanas, provocan miedo, inseguridad, absentismo de estudiantes o docentes, discontinuidad de las clases o pérdida o destrucción del material y de las infraestructuras. A largo plazo, porque dañan el sistema educativo de un país en su conjunto y porque casi generaciones enteras corren el riesgo de no acceder a una educación de calidad.

La tercera paradoja es que, cuando sucede algún terrible suceso de los mencionados, inmediatamente se habla, con razón, de la necesidad de luchar contra la violencia y el terrorismo. Algunas voces señalan el peligroso caldo de cultivo para la violencia que suponen la pobreza, el desempleo, el resentimiento y la falta de alternativas para obtener un empleo. Sin embargo, la respuesta no suele ser invertir en educación- en una buena educación que promueva una cultura de paz, de valores y de convivencia- sino que, más bien los países en conflicto suelen dedicar gran parte de sus presupuestos a seguridad y armamento. El gasto en armamento también merma los presupuestos que los países donantes podrían dedicar a la educación de los países en conflicto. De hecho, tal y como denuncia UNESCO, cuatro días y medio de gasto militar de países donantes cubriría el déficit de financiación externa anual de los Objetivos de educación para todos, cifrados en 22.000 millones de dólares.
¿Qué se puede hacer en situaciones de conflicto para afrontar las paradojas en educación?
Como señala UNESCO, resulta fundamental proteger el derecho a la educación de los niños y niñas en caso de conflicto y las escuelas como espacios seguros, otorgándoles la misma protección que la Convención de Ginebra brinda a los hospitales. También hay que reforzar los sistemas de supervisión y elaboración de informes sobre violaciones de derechos humanos que afectan a la educación e imponer las sanciones apropiadas a los culpables. Los Estados deben suscribir los denominados Principios de Lucens, para prevenir el uso de las escuelas en zonas de conflicto y asegurar la protección de las infraestructuras educativas.
Hay que reconocer el papel fundamental de la educación en emergencias relacionadas con conflictos armados y destinar, al menos, un 4% de la ayuda humanitaria a educación básica. Además, en las fases posteriores, la ayuda a educación debe ser previsible y a largo plazo para poder construir sistemas de educación de calidad, para lo que es necesario invertir en educación que permita reconstruir los sistemas educativos dañados por el conflicto. Asimismo, es preciso reconocer el papel de la educación en la construcción de la paz, creando sistemas de educación inclusivos, en los que se aprendan valores de tolerancia, respeto mutuo y la capacidad de convivir pacíficamente.

Un derecho negado para muchos…trabajemos por ellos

Esta entrada ha sido escrita por Maritza Barrios, de CERPE (Centro de Reflexión y Planificación Educativa) de la Provincia de Venezuela.

Ciertamente se trata de un derecho humano universal todavía no completamente realizado para todos y todas en el mundo. Según la más reciente compilación estadística realizada por la UNESCO con los informes de los países correspondientes al año 2012 (UIS), todavía existen en el mundo 121 millones de niños y adolescentes en edades de cursar la primaria y los tres primeros años de la secundaria que no están escolarizados.

La tasa neta mundial de la escolaridad primaria es de 91%. La tendencia revela que el progreso hacia la educación primaria universal para los niños entre 6 y 11 años ha disminuido y que la Meta del Milenio, establecida para el 2015, no ha sido alcanzada. También revela una brecha crítica en la atención de la población adolescente entre los 12 y los 15 años.

Si bien el acceso a la educación ha mejorado a nivel mundial, se han producido escasos avances en la reducción de la tasa de abandono de la escuela antes de llegar al último grado de la enseñanza primaria, pues se mantiene al mismo nivel del 2000: el 23% de los niños fuera de la escuela alguna vez han asistido pero la abandonan (UNESCO: 2014)

La pobreza, el género y el lugar de residencia son factores dominantes vinculados a la disparidad existente en la asistencia escolar. Los niños del 20% de los hogares más pobres en edad de asistir a la escuela primaria tienen una probabilidad tres veces mayor de no asistir que los niños del 20% de los hogares más ricos. En los hogares más pobres, las niñas tienen mayor probabilidad que los niños de ser excluidas de la educación. También existen disparidades en la participación escolar debido al lugar de residencia. Los niños de zonas rurales tienen el doble de probabilidad de no asistir que los de las zonas urbanas. Por otra parte, los niños en situación de desventaja, como los que tienen discapacidad, también están en riesgo en lo que respecta a su escolarización. En muchos países en desarrollo la educación especial es deficiente o no existe, lo cual impide que asistan a la escuela o hace que su avance sea más lento (Naciones Unidas: 2014).

Evaluaciones de lectura y otros conocimientos básicos en las escuelas dan cuenta de la existencia de grandes desigualdades en la calidad de los aprendizajes. En el Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo 2013/2014 se estima que de 650 millones de niños en edad de educación primaria, un mínimo de 250 millones no están aprendiendo nociones básicas de lectura y matemática. El estudio concluye que para lograr que todos aprendan se necesita urgentemente docentes de buena calidad.

Hoy, como consecuencia de los déficits educativos en cantidad y calidad, se estima que hay 751 millones de personas jóvenes y adultos analfabetas, de ellos más del 60% son mujeres (UIS: 2015). Solo el 86% de la población mundial de 15 años y más está al menos alfabetizada.

En América Latina y El Caribe, para el año 2012, la cifra de niños y adolescentes desescolarizados registrada en la base de datos de la UNESCO (UIS), es de 6,6 millones. Esta cifra no incluye a los niños en edad de preescolar no escolarizados ni a los jóvenes que no tienen la oportunidad de cursar los dos o tres últimos años de la educación media; seguramente las cifras se elevan al doble. La tasa neta de escolaridad primaria en la región es 93,6%. Y la población de 15 años y más que es analfabeta se estima en 30 millones.

Se precisan políticas educativas más eficaces, que aborden todas las formas de exclusión y discriminación en el acceso y la prosecución escolar, dirigidas a apoyar especialmente a quienes se encuentran en desventaja o marginados.

Cada vez existe mayor conciencia del valor de la educación como clave para el desarrollo sostenible de los pueblos por su poder transformador, además de ser el medio indispensable para el desarrollo de las capacidades humanas todas las personas. Por eso, hoy se reconoce que los avances en los objetivos propuestos en la agenda de desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas dependerán de los avances en la educación. El nuevo lema de la campaña conjunta ONU-UNESCO-EFA lo resalta: “Iniciativa Mundial: La Educación ante todo”.

LLEGAR JUNTOS: El derecho a una educación de calidad para todos y todas

Por Jorge Cela SJ, Presidente de la Conferencia de Provinciales de América Latina –CPAL.

El P. José María Vélaz, SJ. Fundador de Fe y Alegría solía decir que la justicia social comienza por la justicia educativa. En el mundo actual, que algunos definen como “la sociedad del conocimiento”, esto es más cierto que nunca. Los años, y sobre todo la calidad, de la educación recibida representan una ventaja inigualable para alcanzar “la vida buena”.

Para los jesuitas, responsables de la educación de millones de personas repartidas por toda la superficie terrestre, esto es parte fundamental de su misión de servicio de la fe y promoción de la justicia en diálogo con las culturas y religiones del mundo.

Pero necesitamos preguntarnos cuál es nuestro objetivo. ¿Queremos tener la mejor escuela, o la mejor educación para todos y todas? ¿Queremos ser los mejores educadores o mejorar la educación de todos y todas?

En el pasado teníamos dos respuestas que nos dejaban tranquilos. La educación era un bien limitado. No todos tenían acceso a ella. Al menos no hasta los niveles superiores. El acceso a los puestos de dirección estaba muy limitado a los pocos que podían acceder a la Educación Superior. Garantizar que un buen grupo de ellos tuvieran una buena educación centrada en valores cristianos, tenía un impacto decisivo en el curso de la historia. Si esto alguna vez fue verdad, ahora ya no lo es. El número de los que acceden a la educación superior es hoy tan masivo que disminuye el impacto de nuestra acción limitada en nuestros centros educativos. Pero además, el impacto de la educación formal se ve cada vez más disminuido por otras formas de organizar el poder como los medios de comunicación o los sistemas económicos. Y si es verdad que el dominio de estos nuevos medios depende en gran medida de habilidades aprendidas, no siempre estas dependen de la educación formal.

La segunda respuesta era que crear centros educativos “modelo” incentivábamos a la mejora de la calidad de toda la educación. Pero la entrada del mercado en la oferta educativa ha distorsionado las formas de medir la calidad educativa.

Fascinados por los números, por la evidencia “objetiva”, por la competitividad desatada por un mercado cada vez más agresivo, nos hemos dejado llevar por sistemas de medición de la calidad educativa muy cuestionables. La medición por la capacidad de trasmitir conocimientos, y la competencia por resultados nos ha llevado a descuidar una función básica de la educación, que no sólo busca trasmitir conocimientos útiles, sino, sobre todo, formar personas para una convivencia pacífica y creativa, basada en valores fundamentales.

La educación no sólo busca formar máquinas productivas, sino ciudadanos y ciudadanas que aporten a la construcción de la vida buena para todos. La Competitividad no es el único valor de la vida humana en sociedad. Aunque quizá en los términos del mercado puede llevar la primacía, cuando miramos al conjunto de la vida social nos interesan también otros valores como la solidaridad, la compasión o la sostenibilidad ecológica.

La competitividad académica nos ha llevado a la terrible distorsión de descartar del sistema educativo a quienes presentan dificultades de aprendizaje o no tienen la capacidad de pagar una educación de calidad. Descartamos y convertimos en disfuncionales a ciudadanos y ciudadanas a los que no les concedemos el derecho a una educación de igual cantidad y calidad. Nos engañamos al pensar que llegamos a la calidad educativa por la selección de los alumnos, descartando a los que representan mayor dificultad para el aprendizaje. Sembramos así desde la injusticia educativa la injusticia social.

Pero, peor aún, al hacerlo enseñamos a los privilegiados a competir sin el más mínimo destello de solidaridad, eliminando del campo a los que por una razón u otra no “dan la talla”. Con ellos no queda más que la lástima, ese sentimiento de quien se siente superior y mira por encima del hombro al otro a quien no le concede un derecho en igualdad, sino una ayuda que marca con más fuerza la superioridad de uno sobre el otro. Hacemos escuelas de élite, que tienen derecho exclusivo a una educación de calidad, cuando los más necesitados de ésta son los que, por diversas circunstancias, tienen más dificultad para ésta por sus contextos económicos, afectivos o culturales.

Tenemos que preguntarnos que mide para nosotros la calidad: ¿la acumulación de conocimientos o la calidad de vida humana?, ¿la capacidad para competir o el desarrollo de competencias para una vida solidaria?, ¿la creación de élites sobre-cualificadas o la distribución equitativa de la educación de calidad?

Estas preguntas nos cuestionan en qué frentes educativos debemos estar hoy para contribuir a garantizar lo que es un DERECHO: la educación de calidad para todas las personas.

Educación básica gratuita, un desafío para el continente africano

Por Augustin Kalubi SJ, delegado Jesuita de educación en África Central.

La educación básica gratuita que la Declaración Universal de los Derechos Humanos subraya en su artículo 26 como una oportunidad para la educación para todos se convierte en un peligro en un continente que no tiene estructuras adecuadas para participar en la competitividad internacional.

En muchos países africanos los sistemas educativos se organizan en dos tipos de escuelas. El funcionamiento y los salarios de los maestros en las escuelas privadas son de exclusiva responsabilidad de los padres. Los gobiernos controlan la educación de calidad y otorgan los títulos académicos a los estudiantes, pero no les dan ninguna subvención. En estas escuelas, la educación gratuita es más bien un cuento de hadas.

En las escuelas públicas, el salario de los maestros y su funcionamiento son «provistos parcialmente» por los gobiernos. Decimos «provistos parcialmente», ya que los salarios que otorgan los gobiernos no son ni decentes ni justos ni honorables, y requieren la asistencia de los familiares para completar los modestos sueldos de los maestros. En muchos países africanos hay escuelas públicas que no reciben ninguna subvención al salario de los gobiernos. Todo funciona como en las escuelas privadas. En ambos casos, los padres pagan la educación básica de sus hijos.

Esta política de intervención por parte de los padres proporciona cierta justicia a los maestros, ofreciendo un salario aceptable, y los mantiene con cierta motivación para proporcionar una educación de calidad a sus alumnos. Pero esto también conlleva la desgracia de excluir de los sistemas educativos a las familias pobres o a aquellos que encuentran con el tiempo dificultades para educar a sus hijos. En muchas familias, son  en su mayoría las niñas, las que no asisten a la escuela. Si se dice que la educación básica comienza en la familia, es oportuno poner en duda la calidad de ésta que estas niñas analfabetas darán a sus hijos en el futuro. Decimos en África que la gallina que no ha sido incubada cuando vivía aún dentro de su huevo, no desarrollará jamás los reflejos para incubar a sus propios huevos. Esto significa que las niñas analfabetas perpetúan las futuras generaciones de analfabetos de todo un continente.

Por tanto, los recursos económicos de las familias destinados a la gestión de las escuelas se ha convertido en un criterio de accesibilidad a la propia escuela para sus hijos. así, este desplazamiento del criterio sobre escolarización que se instaura traiciona la filosofía del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de la UNESCO, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Mundial sobre la educación para todos.

La educación primaria gratuita de los niños que restauraría su oportunidad de la educación, sin embargo, despierta el dolor de una herida cuya gravedad agrava las desigualdades en la enseñanza y el aprendizaje. La declaración de gratuidad de la educación prácticamente fuerza a maestros a trabajar sin remunaración, y es la prueba de la baja motivación del profesorado que merma la posiblidad de una cierta calidad en la educación. Diversas Declaraciones se establecen simplemente para complacer a sus patrocinadores occidentales, destruir el medio educativo para establecer la corrupción como modo de supervivencia para los maestros. Lamentablemente, la gratuidad afecta a la calidad de la educación y el acceso a la educación básica, e introdujo la corrupción en el sector de la educación en muchos países africanos. El futuro de muchos países africanos se ve comprometido debido a este crimen contra la educación de los niños.

Objetivo Educación 2025

Este editorial es una adaptación del artículo escrito por Trevor Miranda, SJ, miembro del Core Group que lidera la Red GIAN por el Derecho a la Educación y publicado en la edición de enero 2015 de  ‘Jivan News and Views or Jesuits in India’.

En el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio sentaron las bases para los próximos 15 años en dos reuniones internacionales: el Foro Mundial de Educación celebrado en Dakar durante el cual el objetivo de una «Educación para Todos» gratuita y de calidad sin discriminación fue desarrollada, y donde en la Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas, los «Objetivos de Desarrollo del Milenio» fueron suscritos por la comunidad internacional, con un cuarto de los objetivos fueron específicos sobre educación, concretamente la educación primaria completa para todos los niños y niñas y la eliminación de discriminación por género en la educación. En 2015, los objetivos de las metas desarrolladas en el 200 deberían haberser conseguido. Sin embargo, los datos muestran que el mundo está muy lejos de conseguir tales objetivos:

«Solo 87 de 100 niños en países en desarrollo han completado la educación primaria» (UNDP, 2011).

En nuestro propio país (India) millones de niños se encuentran aún hoy fuera de la escuela, trabajando y negados de una educación de calidad.

«87% de las mujeres jóvenes tienen un nivel de alfabetización básico, comparado con el 92% de los hombres» (UIS Education Database, 2011).

El acceso igualitario a la educación para niñas en sus primeros años de adolescencia sigue siendo un sueño.

Teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el objetivo de Educación para Todos no se conseguirá en 2015, debemos preguntarnos ¿Y ahora qué? ¿Debemos ser meros espectadores y dejar que a otros se les ocurran ideas? Creo que ahora es más que oportuno que los jesuitas propongan sus propios Objetivos de Educación Jesuita (SJEG) para los próximos 10 años y trabajen para promocionarlos y conseguirlos. Necesitamos comprometernos para promover y defender la educación de calidad para todos. Entendemos que para hacer esto realidad en la sociedad actual es necesario desarrollar estrategias de incidencia pública efectivas para promover políticas de educación pública de calidad, a la vez que las practiquemos en nuestros propios centros e instituciones.

Nuestras comunidades educativas tienen que verse como una pequeña parte del sistema de educación global. Con nuestra gran red de instituciones educativas a lo largo del país, los jesuitas deben liderar este movimiento para una Educación de Calidad para Todos en la India para asegurarnos de que estos objetivos se cumplen dentro de 10 años. Debemos trabajar en Red con todas las instituciones religiosas para lograr un impacto más profundo sobre educación en nuestro país. Los SJEG están basados en la premisa fundamental de que la educación es central en la promoción de los Derechos Humanos, la igualdad social, democracia y crecimiento económico.

Existen diversas estrategias simples que han sido exitosas en otras organizaciones, por ejemplo: Cada Niño Cuenta (Every Child Counts- ECC), lanzada inicialmente por el Colegio Doorstep en Pune, y es una campaña que resulta inspiradora por su simplicidad y capacidad de crear cambios a un bajo coste. Conlleva esencialmente una inversión de tiempo para encontrar, animar e inspirar niños para unirse, utilizando el derecho de cada niño de 6 años (esté incluído en el censo o no) para que reciba una educación. El método de acción es una detallada encuesta de distritos y colegios para identificar a niños entre 6 y 8 años, la inscripción de los niños en la escuela municipal más cercana, y luego la realización de un seguimiento de los niños para asegurar su asistencia regular con la orgnización de actividades para después del colegio que prosigan durante las vacaciones para insistir en la importancia de la educación continua también con los padres.

Existen algunos riesgos, como hacer la campaña de forma sistemática y continua, localizar a los niños fuera del colegio, asegurar la disponibilidad de plazas en los colegios municipales, proveer de transporte…sin embargo, existen formas para superar estos obstáculos; mediante la implementación exitosa de ideas como ésta y abogando por los derechos de los niños a una educación de calidad frente a los decisores políticos.